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El canciller Friedrich Merz lanzó este lunes un veto frontal a la promesa estrella con la que Die Linke ganó las elecciones en Berlín: expropiar a las grandes sociedades inmobiliarias para transferir a manos públicas unas 220.000 viviendas y contener sus alquileres. "En Alemania no habrá expropiaciones", sentenció Merz, que recordó que el Gobierno federal prepara una ley para impedirlas y se mostró convencido de que será aprobada muy pronto.
El canciller ya había advertido antes del paréntesis estival de las consecuencias que esa amenaza tendría para la imagen y la seguridad jurídica de Alemania. "En todo el mundo se preguntan: '¿Qué está pasando en Alemania? ¿Tenemos que contar con expropiaciones en Alemania?' Y nuestra respuesta será muy clara y contundente: 'no'", afirmó en julio. "En este caso concreto reaccionamos con una ley que prohíbe la expropiación de empresas inmobiliarias, y podemos regularlo mediante una ley federal".
El argumento de Merz es que una decisión adoptada en Berlín no se limitaría a la capital, sino que afectaría a la confianza en Alemania como destino de inversión. La amenaza de expropiación ahuyentaría el capital privado necesario para construir las viviendas que faltan y sostener el desarrollo económico de una ciudad-estado fuertemente endeudada y con enormes necesidades de inversión.
El pronunciamiento del canciller abre un choque frontal con Elif Eralp, la candidata de Die Linke que se impuso en las elecciones con el 25,7% de los votos. Eralp ha convertido precisamente la expropiación en condición fundamental para negociar una coalición de gobierno con los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD). "Siempre he dicho que, si Die Linke entra en el Gobierno, habrá socialización", declaró este lunes. A su juicio, la medida es "jurídicamente posible, financiable y uno de los mejores instrumentos para mantener asequible la vivienda".
Die Linke pretende transferir a manos públicas alrededor de 220.000 pisos pertenecientes a grandes compañías inmobiliarias, con la correspondiente indemnización a sus propietarios. El plan retoma el referéndum celebrado en 2021, en el que el 58% de los votantes respaldó la socialización de las empresas con más de 3.000 viviendas. Aquella consulta no era jurídicamente vinculante y ninguno de los gobiernos posteriores estuvo dispuesto a ejecutarla.
La política de Die Linke sobre la propiedad privada no termina en la expropiación. Su programa electoral propone también despenalizar y legalizar la ocupación de inmuebles vacíos, eliminar la denominada "línea berlinesa", que permite actuar con rapidez contra las ocupaciones, y convertir en un derecho permanente de residencia la ocupación de una vivienda que lleve más de un año vacía, salvo que el propietario se comprometa a ofrecerla en alquiler a un precio socialmente aceptable.
El Impacto Económico
La factura de la prometida expropiación de viviendas se estima en unos 20.000 millones de euros, una cantidad difícilmente asumible para una ciudad que cerró 2025 con una deuda de 66.000 millones y afronta en 2026 un desfase presupuestario calculado en 5.400 millones. El coste de la operación casi cuadruplicaría ese agujero y obligaría a Berlín a destinar miles de millones a adquirir viviendas ya construidas y ocupadas, en lugar de emplearlos en levantar otras nuevas, rehabilitar las existentes y modernizar unas infraestructuras desbordadas. La medida abriría además una larga batalla jurídica sobre las empresas afectadas, la proporcionalidad de la intervención y la cuantía de las indemnizaciones.
La firmeza exhibida por Eralp puede terminar volviéndose contra ella. Die Linke ha ganado las elecciones, pero no dispone de mayoría parlamentaria y necesita tanto a los Verdes como al SPD para llevarla al Ayuntamiento Rojo. Los Verdes se han mostrado abiertos a la socialización, aunque reconocen que quedan por resolver importantes dudas jurídicas y financieras. El candidato socialdemócrata, Steffen Krach, ha sido mucho más tajante: "Estoy muy seguro de que al final no saldrá adelante".
Si Eralp mantiene la expropiación como condición indispensable y el SPD conserva su negativa, la candidata de Die Linke podría estar bloqueando su propia posibilidad de formar gobierno. Socialdemócratas y verdes disponen de otra combinación: una coalición con la Unión Cristianodemócrata (CDU), segunda fuerza en las urnas, que permitiría a los conservadores conservar el Ayuntamiento Rojo pese a haber perdido las elecciones. En el sistema parlamentario alemán, ser el partido más votado no concede automáticamente el derecho a gobernar.
La vivienda es uno de los problemas más graves de Berlín, como sucede en casi todas las grandes capitales europeas. La población ha crecido, la construcción no ha seguido el mismo ritmo y la oferta resulta insuficiente. En 2025, la renta media anunciada alcanzó los 15,78 euros por metro cuadrado y la propia Investitionsbank Berlin constató un "desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda".
Pero la solución propuesta por Die Linke apunta en la dirección contraria a la que exige esa escasez. Expropiar no equivale a construir. La socialización cambiaría la titularidad de 220.000 viviendas que ya existen y están mayoritariamente ocupadas, pero no añadiría un solo piso al mercado. El Ayuntamiento podría contener los alquileres de sus actuales residentes, pero las personas que buscan vivienda seguirían disputándose una oferta igualmente insuficiente.
El efecto puede ser incluso más perjudicial. Como advirtió Merz, amenazar con la expropiación destruye la seguridad jurídica, espanta a los inversores y dificulta la financiación de nuevos proyectos. Si empresas, fondos y bancos temen que los edificios construidos puedan terminar socializados, dirigirán su capital hacia otras ciudades. Berlín no sólo dejaría de crear las viviendas que necesita, sino que podría agravar todavía más la escasez que ha disparado los alquileres.
La inquietud ya se ha trasladado al mercado. Las acciones de Vonovia cayeron este lunes un 2,2% y se situaron a la cola del índice DAX después de que Eralp reiterara sus planes. En una consulta realizada por la asociación de empresas inmobiliarias de Berlín y Brandeburgo, el 37% de las compañías afirmó haber aplazado inversiones debido a la inseguridad política. Esas decisiones afectan, según la organización, a 3.480 viviendas proyectadas. El 77% aseguró además que la posible socialización ya aparece en sus conversaciones con bancos y entidades financiadoras.
La contradicción se agrava porque Die Linke se opone simultáneamente a diversos proyectos destinados a aumentar la oferta. El partido rechaza cualquier construcción residencial en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, donde una iniciativa ha planteado levantar 21.400 viviendas, y combate o trata de limitar otros desarrollos urbanísticos en Pankow y Späthsfelde. En conjunto, son cerca de 24.000 viviendas proyectadas o propuestas cuya construcción ha encontrado la resistencia de la izquierda y de organizaciones ecologistas.
Merz ha levantado así el primer gran muro contra el programa con el que Die Linke ganó Berlín. El Gobierno federal, integrado por conservadores y socialdemócratas, pretende cerrar legalmente la puerta a la expropiación, mientras Eralp insiste en convertirla en condición para entrar en el Gobierno berlinés. Una exigencia que amenaza con hacer imposible el acuerdo con el SPD y devolver a la CDU la alcaldía que acaba de perder en las urnas.